Las y los integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido VerdeEcologista de México y del Part
Las y los integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde
Ecologista de México y del Partido del Trabajo, presentan iniciativa de
reforma y adición a diversos artículos del Código Penal del Estado, para
aumentar los mínimos y máximos de las penalidades del delito de
violación, así como adicionar la medida de seguridad el uso de
tratamiento médico mediante el uso de fármacos, y terapia psicológica
y/o psiquiátrica, conocido como castración química.

El diputado José Luis Fernández, coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, (PVEM) dijo que con estas
medidas, se busca evitar la reiteración del delito de violación, sin
menoscabo de la imposición de terapias psicológicas y/o psiquiátricas,
que coadyuven en la disuasión de psicopatías o parafilias y la repetición
de la conducta delictiva por parte del victimario.
“Tiene que ver con la protección de las víctimas y de la sociedad en su
conjunto, porque el delito de violación es el que más agravios genera a
la sociedad, que lastima mucho a las víctimas de manera permanente,
por lo tanto nosotros consideramos que en San Luis Potosí exploremos
al posibilidad de tener normas novedosas e incluso inéditas en el país
que puedan generar condiciones para la sociedad y las víctimas que este
delito no se cometa y que quien los haya cometido no lo vuelva a cometer, porque el delito de violación es el que mayor índice
porcentuales de reincidencia tiene”.
Se señala que el objetivo es adicionar la medida de seguridad de
castración química, y la terapia psicológica y/o psiquiátrica bajo
determinados aspectos para su procedencia, como lo son: la
convergencia de agravantes en el hecho criminoso, e informada,
médicamente valorada y sugerida
Se señala que el tratamiento médico consiste en la aplicación de
fármacos con el propósito de reducir la libido y la reincidencia criminal
de aquellas personas sentenciadas por la comisión del delito de
violación, su aplicación estará sujeta a factores agravantes y
médicamente valorados.
Con esta medida se evitará la reiteración de la
conducta de las personas sentenciadas, evitando la puesta en riesgo
para la víctima, el ofendido y para la sociedad.
La medida de seguridad persistirá y se materializará, ante el
otorgamiento de algún beneficio preliberacional en términos de la Ley
Nacional de Ejecución Penal
El tratamiento psicológico o psiquiátrico consiste en la aplicación de
terapias con la finalidad de que la persona sentenciada identifique,
controle y corrija su trastorno psicológico o sociológico, para evitar su
reincidencia criminal.
Se estima que las medidas de seguridad propuestas están encaminadas
de modo inmediato a instrumentar una política criminal que busca
prevenir la realización de conductas antisociales como lo es, el delito de
violación, a través de una finalidad legítima, debido a que balancea los
intereses de la sociedad y los de la persona privada de la libertad y
permite la reinserción social de las personas privadas de la libertad, por
un lado, y la paz y la seguridad social por otro.
La iniciativa detalla que la violación, es una vulneración a los derechos
humanos, como el derecho a la integridad corporal, el derecho a la
autonomía y a la autonomía sexual, el derecho a la intimidad, el derecho
al más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho de la mujer
a no sufrir violencia, discriminación, tortura y otros tratos crueles o
inhumanos
Añade que esta propuesta permitirá abrir espacios, foros, mesas de
trabajo, de análisis, discusión, opinión, empatía con las víctimas,
experiencias con los diversos sectores de la población, para que el
Congreso del Estado, transite el proceso legislativo, de la mano del
pueblo potosino.
“Esperamos que a través de la Directiva y de las comisiones, se organice
un gran Parlamento Abierto para escuchar a todos y todas quienes se
quieran manifestar en este sentido, con la intención que deje de ser una
iniciativa de partidos y que se convierta en una norma que nos
represente a todos, vamos a hacer lo propio, ponerla en manos de
expertos, del sector salud, de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, Universidades, académicos, para enriquecer esta norma, que
lo que pretendemos es proteger a la sociedad y las victimas”.
En cuanto a la actualización de los mínimos y máximos de las penas que
corresponden al tipo penal de violación, se busca establecer sanciones
que van de diez a veinte años de prisión para quien cometa este delito.
La iniciativa será turnada al pleno del Congreso del Estado para de ahí
ser enviada a comisiones para sus análisis.







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