18 meses de prisión preventiva al expresidente de Perú

El destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá detenido hasta junio de 2024 para ser investigado por su intento de golpe de Estado, mientras las protestas que piden el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones ya dejan al menos 15 fallecidos.

La Dirección Regional de Salud comunicó la muerte de siete personas tras enfrentamientos entre manifestantes y militares en Ayacucho, en el sur del país. Según la Defensoría del Pueblo, al menos dos de los fallecimientos se produjeron en un protesta en el aeropuerto de la ciudad.

Así, el balance de muertos por estas protestas se eleva a 15 personas, justo en el día en que un juez accedió a un pedido de la fiscalía para mantener en prisión a Castillo preventivamente por 18 meses e investigarlo por rebelión y conspiración, tras un fallido autogolpe de estado el 7 de septiembre.

El magistrado consideró que existe “peligro de fuga” del exmandatario, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe.

Castillo, recluido en una prisión policial al este de Lima desde esa fecha, permanecerá en la cárcel al menos hasta junio de 2024.

“Ya sabíamos lo que se venía (…) No hemos estado en la audiencia porque no íbamos a ser parte de este carnaval”, dijo a la prensa Ronald Atencio, abogado de Castillo. La defensa apelará.

El exgobernante, un maestro rural de izquierda y origen humilde, pretendía cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.

Justificó su decisión en que la oposición no le permitía ejercer su labor y que recibía tratos racistas.

No encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.

El expresidente fue detenido en “flagrancia” cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.

Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).

Ante las protestas, el gobierno de Boluarte declaró el miércoles un estado de emergencia por 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.

“Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero”, dijo la Defensoría tras las muertes en Ayacucho.

“Expresamos nuestra seria preocupación por el incremento de la violencia en Perú y lamentamos profundamente la muerte de 15 personas”, indicó en Twitter la misión en el país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La Defensoría también reportó 340 heridos hasta el momento, Según la Policía, casi la mitad son de su institución.

“Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho (…) En una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz”, comentó en Twitter la gobernante Boluarte.

Más de un centenar de rutas están bloqueadas. El tren al turístico Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.

En Lima, decenas de manifestantes aún acampan alrededor de una prisión policial donde se encuentra detenido Castillo, pidiendo su libertad.

Con información de Animal Político